¡No más tratamiento de guerra contra los pueblos indígenas!
El gobierno ha tardado 17 años en cumplirle al pueblo Nasa con la reparación integral por la masacre de Nilo. Ya en reiteradas ocasiones se ha hecho denuncia pública por el incumplimiento a los Acuerdos establecidos entre el Gobierno y los Pueblos Indígenas del departamento del Cauca y de las sistemáticas violaciones por parte del gobierno, incluso asesinatos.
Lorenzo Largo Dagua, alguacil del Cabildo de Tacueyó fue abaleado en la Hacienda La Emperatriz el 29 de noviembre de 2007, cuando participaba en los Rituales de Liberación de la Madre Tierra para reclamar el cumplimiento gubernamental y murió como consecuencia de las heridas, mártir por su pueblo, el 14 de diciembre siguiente.
La respuesta de Uribe en consejo con los latifundistas en Popayán, el 15 de abril de 2008, fue ofrecer recompensas por los dirigentes indígenas y llamarlos delincuentes. Pero antes ir alguien a declarar contra los líderes indígenas y fue en cambio Yidis Medina a denunciar a los delincuentes que compraron la reelección de Alvaro Uribe.
El 21 de mayo de 2008, en la hacienda La Emperatriz, cerca de 500 personas, que reclamaban su derecho a la tierra y la reparación integral por la masacre del Nilo, fueron atacados por el ESMAD de la policía Nacional con bombas explosivas y armas de fuego, ocasionado heridas de gravedad en 8 indígenas Nasa, entre ellos Eulogio Dagua Cuetia, Luís Enrique Ramos, Alex Méndez y Luís Eduardo Ramos, comuneros de los resguardos indígenas de Jambaló, San Francisco, Huellas y Toribío.
En el consejo comunitario realizado en el municipio de Florida, Valle, el Presidente de la República en un acto inadmisible e impropio de la investidura del Jefe del Estado, ordenó a un general de la República detener a “esos congresistas que estimulan, tras bambalinas, la violencia de los invasores”. Pretende el señor Uribe Vélez, amedrentar a quienes se atrevan a solidarizarse con los pueblos indígenas en la lucha por sus derechos. Hay que decirlo con claridad: lo que hizo Uribe es característico de una dictadura: el Presidente juzga, condena y ordena la judicialización y arresto de dos senadores en un Consejo Comunitario. Los senadores Alexander López y Jesús Piñacué han respondido enérgicamente la orden inconstitucional de Uribe:
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